Casualmente la fecha elegida por Menem coincidía con el día en que Raúl Alfonsín derogó el decreto de Autoamnistía firmado por el último presidente de aquella dictadura, Reynaldo Bignone. Bajo la excusa de la “pacificación” del país se eligió el camino de la impunidad, a espaldas de los reclamos de la sociedad argentina que sentó en el banquillo de los acusados a los autores materiales de ese plan sistemático de exterminio en 1985 con el histórico juicio a las juntas. Tuvieron que pasar muchos años, hasta que en 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner con un claro objetivo: terminar con la impunidad con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Fue así que ese mismo año el Congreso Nacional derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, al tiempo que distintos jueces comenzaron a declarar inconstitucional a los decretos de indulto, ya que se trataban de crímenes de lesa humanidad.
A partir del año 2006 comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad a miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad (nacional y provincial), servicio de inteligencia y civiles, gracias a la voluntad política del presidente Néstor Kirchner. A lo largo y a lo ancho del país se sucedieron las causas, con condenas ejemplares y cárcel común para los represores. En una década se dictaron 163 sentencias, pero solo 9 de ellas tuvieron lugar en este año, lo que marca que existe en la actualidad un obstáculo al proceso de los juicios, con el agravante que desde la asunción de Mauricio Macri, se concedieron la prisión domiciliaria a 50 condenados por delitos de lesa humanidad. Años de lucha inclaudicable por parte de las víctimas y familiares pretenden ser acalladas por la complicidad del actual gobierno.
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